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- ¿Cómo afecta esta resolución a los contribuyentes regulares?
La secretaría de administración tributaria (SAT) en un programa de transparencia, une esfuerzos con la Secretaría de la Función Pública (SFP) estableciendo una nueva cultura de cooperación, como menciona Margarita Ríos jefa del SAT, la SFP tendrá acceso a información de ser requerida en el curso de una investigación incluso a aquella que se encuentre amparada bajo el secreto fiscal. Sin embargo, esta información será compartida en apego a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y la Ley de Obras Públicas; ya que es una forma de disminuir la situación prevalente de evasión fiscal por parte de todos los sectores en los que se han encontrado malas prácticas fiscales.
La finalidad de este acuerdo es el de agilizar investigaciones que se centran en la evasión fiscal o con prácticas indebidas que atentan contra la legalidad, por lo que se considera un cambio recíproco. Lo que se pondrá a disposición de la SFP básicamente son las declaraciones fiscales y patrimoniales así como los datos de CompraNet que es el sistema desarrollado para las licitaciones públicas de todo tipo como contratación de servicios, arrendamientos y obras públicas de las dependencias de la federación que se encuentren registradas en la nómina de gastos y que estén bajo alguna investigación. Este acceso permitirá a la función pública conocer de primera mano e inmediatamente la veracidad de las declaraciones de los contribuyentes.
Esta iniciativa busca que haya igualdad ante la ley y que quienes ejecuten las licitaciones previamente requisitadas y aprobadas por la entidad estatal no se vean privilegiados a partir de manejos inadecuados para que esto no lleve a un estado de cumplimiento de la ley de manera equitativa y proporcional.
Irma Sandoval, explica que para la Función Pública es muy relevante mejorar los métodos de investigación con la finalidad de tener una mayor ética pública que ayude a crear la confianza en que habrá un seguimiento a la transparencia y que salvaguardará los intereses de los ciudadanos al seguir de cerca las transacciones y declaraciones de este tipo de proveedores.
En el mismo tema, según el estudio Evasión en sueldos y salarios realizado por la universidad de Chapingo se estima que se ha evitado pagar hasta 72 millones de pesos a nivel nacional en concepto de ISR debido a movimientos irregulares y declaraciones dudosas que abusan de los pagos exentos lo que reduce de manera muy importante la transparencia y crea un ambiente donde ciertos sectores presentan ingresos inusualmente bajos y deducciones altas que generan en ocasiones números que no son positivos lo que quiere decir que un profesional puede pagar más de impuestos de lo que gana.
Además se han detectado algunas empresas que operan de maneras irregulares bajo el esquema de sueldos y salarios o de algunas formas de operar en las que no se da de alta a los trabajadores en los servicios de salud social y se les omite del pago de utilidades; además existe una prevalente subdeclaración, es decir, que el patrón solamente hace referencia de cierto pago de un empleado registrado ante las dependencias de salud y también cuenta con otra remuneración no declarada, usualmente en efectivo, con la finalidad de evadir el pago total del seguro social; aunque pudiera ser benéfico para el trabajador, en caso de accidente, cotización en el infonavit o requerimiento de préstamo no se le darán los mismos beneficios, ya que el “sueldo fantasma” por así llamarlo es ilegal en todo sentido.
Para más información acerca de las irregularidades más comunes y las soluciones que se proponen, este estudio se encuentra presente en la investigación de la Universidad de Chapingo en el que se pueden ver las conclusiones a las que se llega y datos más importantes que se han encontrado en la práctica fiscal de muchos que desfavorecen enormemente la recaudación fiscal presentada dentro de los años 2016 y 2017.
En este marco, el transparentar las operaciones del gobierno, se busca establecer un parangón de legalidad que influya en el comportamiento de los ciudadanos y que se sume para tener una cultura de la declaración que sea acatada por todos de manera correcta y honesta más que como un requisito legal forzoso y una forma de sacar provecho del aparato hacendario.
¿Cómo afecta esta resolución a los contribuyentes regulares?
En principio no debería afectar ya que las declaraciones deben ser siempre apegadas a la ley y las deducciones por su parte totalmente justificadas en apego a las regulaciones claramente expresadas en el portal del SAT; por lo que no debería incidir de manera negativa en los demás contribuyentes, si no debe brindar confianza acerca de las formas de manejarse del gobierno con los particulares y de la transparencia en las gestiones gubernamentales.
Esto se debe a que esta regulación aplica principalmente a aquellos que tienen tratos con el gobierno, es decir, que han participado en una licitación y además, se encargan de darle servicio a alguna dependencia; para los particulares y empresas privadas aplica por el momento esta disposición si cumplen con lo antes descrito; es decir, prestar algún servicio al gobierno y estar bajo una investigación por parte de alguna autoridad. Esta disposición no es más que una cooperación entre las dos dependencias más importantes en cuanto al manejo de dinero para por así decirlo cuadrar las declaraciones y obtener resultados de manera más expedita, sin necesidad de acudir a otras dependencias para solicitar dichos documentos.
Esta acción marca precedentes acerca de los próximos pasos a seguir por parte del SAT en cuanto al tema de transparencia y de combate a la corrupción del que tanto se ha hablado y ha decidido empezar por sí mismo en los tratos que se hacen con particulares y en los gastos que se generan dentro de la empresa.
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