SAT podrá usar información de contribuyentes

El Servicio de administración tributaria (SAT) como parte de las políticas de transparencia del gobierno federal, ha fortalecido la colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP) A través de distintos mecanismos de cooperación institucional, ambas dependencias pueden compartir información relevante para investigaciones administrativas relacionadas con posibles irregularidades o evasión fiscal.

Sin embargo, las autoridades compartirán esta información de los contribuyentes en apego a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y la Ley de Obras Públicas. Ya que es una forma de disminuir la situación prevalente de evasión fiscal por parte de todos los sectores en los que se han encontrado malas prácticas fiscales.

¿Cuál es la finalidad de acceder a la información de los contribuyentes?

El objetivo de este intercambio de información es facilitar investigaciones relacionadas con posibles actos de corrupción, evasión fiscal o irregularidades en contrataciones públicas. Entre los datos que pueden analizarse se encuentran declaraciones fiscales, información patrimonial y registros vinculados con plataformas como CompraNet, el sistema utilizado por el gobierno federal para gestionar licitaciones públicas, contrataciones de servicios, arrendamientos y obras públicas.

¿Cuál es la finalidad de esta iniciativa?

Esta iniciativa busca fortalecer la transparencia en las contrataciones públicas y garantizar que las empresas o personas que participan en licitaciones gubernamentales cumplan con sus obligaciones fiscales y administrativas. De esta manera, se busca evitar prácticas indebidas que puedan generar ventajas injustas en procesos de contratación pública.

Evasión en sueldos y salarios

Diversos estudios académicos han señalado que existen prácticas de evasión fiscal en el pago de sueldos y salarios, como el uso indebido de pagos exentos del Impuesto Sobre Resnta (ISR) o esquemas de subdeclaración salarial. Estas prácticas afectan la recaudación fiscal y reducen la transparencia en el mercado laboral.

En algunos casos, se han identificado esquemas en los que una parte del salario del trabajador se registra oficialmente ante las autoridades y otra se paga de manera informal, por ejemplo en efectivo. Esta práctica, además de ser ilegal, afecta directamente al trabajador, ya que reduce sus aportaciones al IMSS, su ahorro para el retiro y su capacidad para acceder a créditos de vivienda del INFONAVIT.

En situaciones como accidentes laborales, acceso a créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) o cálculo de pensiones, los beneficios se determinan con base en el salario registrado. Por ello, cuando existe un “sueldo oculto” o no declarado, el trabajador recibe prestaciones menores a las que realmente le corresponderían.

Universidad de Chapingo

Diversas investigaciones académicas, como las realizadas por la Universidad Autónoma Chapingo, han analizado las prácticas irregulares relacionadas con el pago de sueldos y salarios y su impacto en la recaudación fiscal. Estos estudios señalan que esquemas como la subdeclaración de ingresos o el uso indebido de pagos exentos pueden afectar tanto la transparencia del sistema fiscal como los derechos laborales de los trabajadores.

En este contexto, fortalecer la transparencia en las operaciones del gobierno y mejorar la cooperación entre instituciones busca fomentar una mayor cultura de cumplimiento fiscal. La intención es que el pago de impuestos se perciba no solo como una obligación legal, sino como una práctica que contribuye al desarrollo y al funcionamiento adecuado de las instituciones públicas.

¿Cómo afecta esta resolución a los contribuyentes regulares?

En principio no debería afectar ya que las declaraciones deben ser siempre apegadas a la ley y las deducciones. Por su parte totalmente justificadas en apego a las regulaciones claramente expresadas en el portal del SAT. Por lo que no debería incidir de manera negativa en los demás contribuyentes. Si no debe brindar confianza acerca de las formas de manejarse del gobierno con los particulares y de la transparencia en las gestiones gubernamentales.

Esto se debe a que esta regulación aplica principalmente a aquellos que tienen tratos con el gobierno. Es decir, que han participado en una licitación y además, se encargan de darle servicio a alguna dependencia. Para los particulares y empresas privadas aplica por el momento esta disposición si cumplen con lo antes descrito. Es decir, prestar algún servicio al gobierno y estar bajo una investigación por parte de alguna autoridad. Esta disposición no es más que una cooperación entre las dos dependencias más importantes en cuanto al manejo de dinero. Para, por así decirlo, cuadrar las declaraciones y obtener resultados de manera más expedita. Sin necesidad de acudir a otras dependencias para solicitar dichos documentos.

Esta acción marca precedentes acerca de los próximos pasos a seguir por parte del SAT. En cuanto al tema de transparencia y de combate a la corrupción del que tanto se ha hablado y ha decidido empezar por sí mismo. En los tratos que se hacen con particulares y en los gastos que se generan dentro de la empresa.

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